Foro CONSIDERACIONES PARA LA REORGANIZACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
Foro
CONSIDERACIONES PARA LA REORGANIZACIÓN E
INSTITUCIONALIZACIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
Realizado el 15 de Mayo de 2019 durante la
“Semana
de Investigación y Extensión 2019”, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela
Caracas, 13 al 17
de Mayo de 2019
Co-Organizadores del Foro:
·
Prof. Hedelvy J. Guada, IZET, Facultad de
Ciencias, UCV; Comisión Venezolana de Áreas Protegidas de la UICN
·
Prof. Edgard Yerena O., Departamento de Estudios
Ambientales, USB; Comisión Venezolana de Áreas Protegidas de la UICN
·
Mag. Vilisa Morón Zambrano, Comisión Venezolana de Áreas Protegidas de la
UICN
Ponentes del Foro:
·
Prof. Edgard Yerena O., Departamento de
Estudios Ambientales, USB. Comisión Venezolana de Áreas Protegidas de la UICN.
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Mag. Vilisa Morón Zambrano, Comisión Venezolana de Áreas Protegidas de la
UICN
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Prof. Jorge Naveda S., Profesor Postgrado
Ecología, UCV, Postgrado FAGRO-UCV; Comisión Venezolana de Áreas Protegidas de
la UICN
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Marlene Sifontes, SUNEP-INPARQUES
·
José Matute, SUNEP-INPARQUES
Consideraciones Técnicas Finales
Las áreas protegidas son espacios geográficos
definidos, reconocidos, dedicados y gestionados con el objetivo de conservar a
largo plazo la naturaleza, servicios ecosistémicos y valores culturales (Dudley,
2008). En Venezuela la historia de estas áreas dedicadas a la conservación
inició en 1926[1]
con la declaración del Bosque Nacional Macarao, figura legal que desapareció al
ser derogada la antigua Ley de Bosques de 1910 por la primera Ley Forestal de
Suelos y Aguas en 1955. Éste inicio fue temprano al compararlo a nivel
Latinoamericano, en donde la primera AP declarada fue la Reserva Forestal de
Loma León en México en 1899 y el 1re Parque Nacional (PN) fue declarado en
Argentina en 1903, seguimos nosotros en el 4to lugar con la declaración del PN
Rancho Grande, en 1937, que años más tarde se renombraría como PN Henri Pittier
en honor a este gran investigador de las ciencias naturales. En Venezuela, los
hitos ambientales están asociados a nuestra historia republicana y democrática,
siendo pioneros en Latinoamérica en la erradicación de la malaria, control del
mal de Chagas, declaración de la ley orgánica del ambiente, creación del
ministerio del ambiente, y la firma de diferentes acuerdos y convenios
internacionales para la conservación, lucha contra la desertificación, sequía y
cambio climático.
Sin embargo, actualmente solo un 28% de nuestro
territorio tiene bajo grado de intervención o no hay información para conocer
su estado de conservación. Las instituciones ambientales son débiles en la
implementación de las leyes; la guardería y control ambiental es casi nulo a nivel
nacional; somos uno de los países con mayor tasa de deforestación a nivel
mundial (promedio de deforestación anual 2000-2015: 0,3%/año, equivalente a
274.933.5 ha/año); el conocimiento de nuestra biodiversidad es parcial; la
pérdida de hábitat es la principal amenaza a nuestras especies, pues el cambio
en el uso de la tierra no es planificado; no hay control de incendios y en los
últimos años la actividad minera se ha acelerado, trayendo como consecuencia la
contaminación química de los ríos, una desforestación masiva y un aumento desmesurado
de enfermedades que se creían controladas, como la malaria. Dicho deterioro
ambiental, no refleja un aumento en la producción de alimentos, materias primas
ni incremento del producto interno bruto, evidenciándose una deficiente gestión
ambiental. En consecuencia, se hace necesario rescatar las áreas protegidas,
restaurar o recuperar territorios naturales deteriorados y asumir la
responsabilidad de una conciencia ambiental y conservacionista más sólida como sociedad
con proyección a futuro.
¿Qué hemos aprendido en estos años de historia
de conservación en Venezuela? ¿cuál es el futuro de nuestras áreas protegidas
ante vientos de cambio democráticos y la reconstrucción de un país? Lo primero
es estructurar un sistema de áreas protegidas coherente y simplificado, pues
actualmente las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) incluyen
áreas protegidas según los estándares mundiales y otra serie de categorías de
ordenación territorial que no cumplen objetivos de conservación, por lo que su
planificación, administración y manejo, debe ser particularizado. En este
sentido, siendo realistas, conceptualmente hablando, Venezuela cuenta con 97
Áreas Protegidas, a saber: 44 Parques Nacionales, 36 monumentos naturales, un
Santuario de Fauna, siete Refugios de Fauna Silvestre, siete Reservas de Fauna
Silvestre y 2 Reservas de Biosfera; con una cobertura de superficie total de
25.512.545,86 Has (27,84% del territorio). Ello incluye 421.961,27 Has de zonas
marinas (0,6% de territorio marino) y 25.090.584,59 Has de zonas terrestres
(27,38% del territorio continental).
A lo largo de los años, la planificación y
gestión de dichas áreas ha tenido sus altibajos, su administración se ha
caracterizado por la centralización en la toma de decisiones, la separación
administrativa y criterios diferente en las formas de concebir la planificación.
Esto se debe a la alta capacidad de gasto e inversión que había tenido el
Estado venezolano y que en los últimos años ha decaído enormemente, así los
presupuestos estimados en los años 2016 y 2017, indican un déficit financiero
de más del 99% anual, aún cuando tiene la responsabilidad de gestionar un poco
más del 27% del territorio. Esto se debe a varios factores fundamentales,
siendo los más importantes: la utilización de técnicas de estimación financiera
anticuadas y poco sistemáticas, la dependencia casi exclusiva de un presupuesto
gubernamental, la ausencia de una desconcentración de funciones financieras y
administrativas en las regiones, la administración deficiente de los pocos
recursos que posee la institución y la inflación nacional que alcanzó 495,56%
para el 2016, 2616,00% para el 2017 y 1.698.488,00% para el 2018. Todo ello ha
afectado a los ámbitos de gestión de Protección, Gestión de Recursos, Uso
Público, Investigación y Monitoreo, Administración y Finanzas, así como,
Planificación y Efectividad de Gestión. Unidades claves para el buen desarrollo
de una estructura de programas de gestión y proyectos de ejecución que permitan
el funcionamiento correcto del Plan de Ordenamiento del AP y esta cumpla con
sus objetivos de conservación y preservación a corto, mediano y largo plazo.
Nuestro planteamiento ante la situación actual
de las AP es:
(1) Evaluar y proponer un esquema desconcentrado
de gestión y supervisión (externa e independiente);
(2) diversificar la gobernanza, identificar a
todos los actores que participan en el sistema de áreas protegidas a nivel
nacional, estadal, municipal y comunitario, incluyendo las ONG y universidades,
para definir las responsabilidades y un sistema de contraloría basado en la
transparencia y respeto que vele por el cumplimiento de las responsabilidades
establecidas;
(3) reestructuración financiera: incorporando
técnicas y estrategias modernas de estimación presupuestaria e instrumentos de
negociación a nivel nacional e internacional, tratando de acceder en lo posible
a fondos no retornables, en asociaciones mixtas o individualmente, así como la
formación de fondos fiduciarios para el financiamiento de proyectos en las
diferentes ecorregiones;
(4) entender que las áreas protegidas están en
el negocio de la protección, conservación y la educación, por lo que se debe
apostar a una institución de conservación que cumpla con funciones más
complejas creando una imagen corporativa atractiva y confiable en el medio
financiero y se acople al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, Agenda 20-30 y convenio marco de Cambio Climático;
(5) valorar la mística y remunerar adecuadamente
el trabajo duro de nuestros guardaparques y técnicos, pues son los que día a
día protegen nuestras áreas naturales.
Finalmente, en esta renovación, el nuevo sistema
de AP debe reconocer los esfuerzos voluntarios y conservación de facto que actualmente
desarrollan diversas comunidades, organizaciones no gubernamentales, particulares,
universidades y empresas a nivel nacional, pues son un digno ejemplo de
diversificación de la gobernanza y autogestión[2].
En este sentido, deben poder acceder a fondos, capacitaciones y ser tomadas en
cuenta en la planificación del territorio como actores claves para asegurar en
el tiempo la protección y uso sostenible de nuestros recursos.
Presentaciones del Foro
· Situación institucional de las áreas
protegidas venezolanas y posibles rutas para su modernización con proyección
global (LEER AQUÍ)
[1] Ver Gondelles, R. 1992. El
régimen de áreas protegidas en Venezuela, Fundación Banco Consolidado. Caracas,
68 p.
[2] Estas iniciativas se
denominan áreas conservadas, es decir, espacios geográficamente definidos
caracterizados por una buena gobernanza y gestión efectiva para garantizar la
conservación de la biodiversidad a largo plazo, en las que pueden incluirse
diversos usos de los recursos mientras sean sostenibles y no forman parte de
los sistemas nacionales de áreas protegidas. Cuando se relacionan directamente
con el cumplimiento de la meta Aichi 11, el Convenido de Diversidad Biológica
las cataloga como Otras Medidas Efectivas para la Conservación basadas en área
(OMECs) y motiva su reconocimiento por parte de los gobiernos.
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